Antoni Domènech

La renuncia del embajador Otero, las contradicciones de la elite binominal y nuestras tareas

SURda

Internacionales

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En el mensaje del 21 de mayo recién pasado, Piñera anunció una serie de medidas sociales que la hoy opositora Concertación pronto pasó a denunciar como un “robo de ideas”. El senador UDI Pablo Longueira aclaró entonces algo que ya todo Chile sabía: la Concertación gobernó durante veinte años con las ideas de la derecha.

Nada nuevo bajo el sol. Como G80, lo dijimos y lo repetimos en cada oportunidad que tuvimos: más allá de diferencias menores, de matices más o menos, los proyectos políticos de la Alianza –hoy en el gobierno– y de la Concertación son esencialmente el mismo: la mantención y profundización del modelo neoliberal de capitalismo, que somete a la mayoría del país a una brutal explotación, consumismo y opresiones alienantes, todo ello institucionalizado al alero de una constitución absolutamente antidemocrática, donde la soberanía popular ha sido robada.

La demagogia de Piñera en su mensaje al Congreso pleno está al servicio del plan político de la fracción liberal de la Alianza por Chile, que es realizar un nuevo ordenamiento del mapa político del país, disputando el centro político a la DC y atrayendo al sector más derechista de ese partido a una alianza política de largo aliento.

Dicho plan es resistido por el gremialismo UDI, que, siendo el partido mayoritario de la Alianza por Chile, sabe que ese reordenamiento sólo puede significarle una merma en su protagonismo político. A este sector ultramontano se suman también los sectores más conservadores de Renovación Nacional, el partido de Piñera, encabezados por su presidente, Carlos Larraín.

Esta disputa ha tomado la forma de una guerrilla de declaraciones y “pulseadas” políticas, destinadas a marcar territorios y tomar posiciones. Primero emergió la UDI con su postura “díscola” y hasta “opositora”, encabezada por el mentado senador Longueira. Piñera respondió con un proyecto de reformas políticas que retoma algunas de las iniciativas políticas sensibles para la Concertación, como el voto voluntario, la inscripción electoral automática y el voto de los chilenos en el extranjero.

Las recientes declaraciones de Carlos Larraín y del embajador en Argentina, Miguel Otero (que a éste último le significaron su resignación del cargo), hay que verlas en el contexto de esa disputa al interior de la Alianza por Chile, como un intento de posicionar los contenidos y el mensaje de los sectores más pinochetistas de RN frente a un gobierno que empieza a parecerles demasiado parecido a la Concertación.

La Concertación participa en esta disputa defendiendo sus intereses corporativos, buscando levantar una barrera a la penetración de Piñera en el espacio político de centro y a sus intentos de acercamiento a la DC, al mismo tiempo que algunos de sus voceros, como el PPD Francisco Vidal levantan la retórica de la responsabilidad de los tecnócratas en la derrota concertacionista, encabezados por Andrés Velasco. Lo anterior lo hacen para “abrirse” a una hipotética “izquierda” incauta. No hay convicciones ideológicas en esa pelea contra el gobierno, pues –insistimos– no hay proyectos contradictorios. Forman parte de aquel sector de la elite binominal que se siente cómodo con el reparto de papeles que hasta ahora han jugado Concertación y Alianza.

Las declaraciones de acotada indignación de los líderes concertacionistas a propósito de las declaraciones del embajador en Argentina, Miguel Otero, sólo son un ejercicio discursivo hacia la galería. Nadie puede creer que una coalición que protegió y salvó al principal responsable de los crímenes durante la dictadura, el tirano Augusto Pinochet, que encarceló a unos pocos culpables en el resort de Punta Peuco y que mantuvo intacto el dispositivo represivo golpista – sin erradicar la doctrina de seguridad nacional de las FFAA y sin limpiarlas de oficiales pinochetistas– pueda tener un interés genuino en la democracia y la reparación de las violaciones a los DDHH.

La motivación es distinta: las declaraciones de Otero echan por tierra el cuidadoso montaje político-ideológico-comunicacional destinado a avalar una supuesta “reconciliación” y normalización democrática, inexistente en la realidad. Además, de pasada, revelan palmariamente que la tarea histórica de la Concertación, lejos de democratizar el país, fue blanquear a los sectores pinochetistas y legitimar el modelo neoliberal de la dictadura.

La conclusión política principal que la izquierda y los sectores populares deben extraer de estas disputas al interior del bloque dominante es que es absolutamente imposible que pueda democratizarse nuestro país y que puedan ser superadas las profundas desigualdades sociales de la mano de alguna de las fracciones de la elite binominal. No existe burguesía “democrática” o “progresista”, ni es posible una alternativa al neoliberalismo que no desmonte a su vez las bases sociales clasistas y capitalistas del neoliberalismo.

En este debate resulta evidente que falta pueblo organizado y en lucha por sus derechos. Falta una izquierda armada de un programa antineoliberal claro que cuestione las bases mismas del capitalismo depredador y se proyecte al socialismo. Faltan los trabajadores organizados y los movimientos sociales, que sin embargo han dado grandes y heroicas luchas en los últimos años, pero que resultan del todo insuficientes. Se ha carecido hasta ahora de la capacidad para plantear con fuerza las demandas políticas que necesariamente emergen de las demandas sectoriales reivindicativas de cada actor por separado.

Es evidente la necesidad de un nuevo instrumento político de los trabajadores, los movimientos sociales y el pueblo, que permita coordinar y proyectar las luchas al terreno político y también electoral, coordinando luchas reivindicativas, políticas e ideológicas, y que se plantee el proyecto histórico de superar el neoliberalismo y sus bases capitalistas. Así como luchar de manera consecuente por una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución democrática, por la nacionalización de todos los recursos naturales y contra la privatización, por un nuevo Código Laboral para la clase trabajadora y por una educación y salud pública de acceso gratuito e igualitario, para todos. Por supuesto que entre las tareas de este partido antineoliberal, anticapitalista y necesariamente ecologista estará la lucha contra la opresión de clase, de género y de etnia que viven la gran mayoría de los chilenos y chilenas.

Ese instrumento no podrá ser la vieja y gastada izquierda que hoy se agrupa en el Juntos Podemos, satisfecha ya de haber derrotado la “exclusión” sentada a la grupa de la Concertación y pensando solamente en una “amplia convergencia contra la derecha” y no en derrotar al modelo neoliberal ni cambiar su base económica capitalista.

Tal instrumento político –una vanguardia para ponerlo en términos políticamente poco correctos para los tiempos que corren, pero absolutamente certeros en su contenido– está en la imaginación, los deseos y las necesidades de la lucha político-social de muchos luchadores populares. Algunos de ellos, como las organizaciones de pobladores que han formado el Partido Igualdad, además han puesto manos a la obra en ello.

Un nuevo instrumento político sólo tiene sentido si se dota de una perspectiva estratégica, que hoy debe ser la conquista de un gobierno popular, de los trabajadores y los movimientos sociales, única posibilidad real de democratización del país y de superación de las lacerantes desigualdades sociales que oprimen a las mayorías populares.

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